Autor original: Li Xinyi
Introducción
El 24 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo Popular realizó una rueda de prensa. El director del Segundo Tribunal Civil, Wang Chuang, al presentar los puntos clave del trabajo anual, dijo una frase que dejó una impresión profunda:
“Establecer interpretaciones judiciales sobre la reparación civil por delitos como uso de información privilegiada y manipulación del mercado en el mercado de valores, profundizar en el estudio de medidas judiciales para casos de fondos privados y monedas virtuales.”
En los últimos diez años, cuando se habla de criptomonedas y la ley en China, generalmente se asocia con “estafas”, “pirámides” y “lavado de dinero”. Pero hoy, estas han sido formalmente incluidas en el plan de trabajo anual del Tribunal Supremo, junto con “mercado de valores” y “fondos privados”.
Esta señal transmite un mensaje más profundo que su simple significado literal:
Las criptomonedas están pasando de ser un foco de delitos penales a convertirse en un nuevo punto de regulación civil y comercial.
En este artículo, explicaré las tres señales que se desprenden de esta declaración.
Primera señal: cambio de estatus — de objeto ilegal a nuevo tipo de patrimonio
Antes, si tenías una disputa relacionada con transacciones de criptomonedas y querías acudir a los tribunales para defender tus derechos, a menudo enfrentabas una situación incómoda: la puerta del tribunal quizás no estuviera abierta para ti.
Las razones más comunes para que te rechazaran eran:
- “Esto no es de nuestra competencia” — El tribunal podía considerar que las disputas derivadas de transacciones con criptomonedas no estaban dentro del ámbito de competencia de los tribunales civiles, y simplemente rechazar la demanda.
- “Su transacción es ilegal, el acuerdo es inválido” — El tribunal podía entender que las criptomonedas no tienen la misma posición legal que la moneda de curso legal, y que las transacciones entre las partes violan las regulaciones financieras, por lo que el acuerdo sería inválido y la reclamación del demandante no sería aceptada.
En este entorno judicial, las disputas relacionadas con criptomonedas se convirtieron en “demandas sin nombre” en el ámbito legal. Aunque sentías que habías sufrido una pérdida o que tus derechos habían sido vulnerados, al acudir a la corte, los derechos que reclamabas ni siquiera tenían un nombre adecuado ni un punto de apoyo legal.
El cambio ocurrió a finales de 2025.
En diciembre de 2025, el Tribunal Supremo Popular emitió la “Decisión sobre la modificación del Reglamento de causas civiles”, que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Esta modificación tiene un significado histórico: — por primera vez, se añadió “disputas sobre datos y bienes virtuales en línea” como una categoría principal de causas.
¿Qué significa esto?
- Las criptomonedas ahora tienen “registro”: A partir de ahora, en el sistema de registro de casos de los tribunales, las criptomonedas, los coleccionables digitales (NFT) y los equipos de juegos en línea se incluyen en la categoría de “bienes virtuales en línea”. Ya no son “sin estatus legal” ni “oscurecidos”.
- De “legal o ilegal” a “cómo resolver”: Los tribunales ya no se preocupan por si la transacción es legal o no como un problema previo, sino que reconocen que — una vez que surge una disputa — primero se trata de un asunto de derechos patrimoniales que requiere resolución legal. La puerta judicial se abre oficialmente a este tipo de disputas.
En resumen, solo cuando un asunto se convierte en un asunto legal puede ser juzgado y resuelto por la ley. Para todos los participantes en Web3 y en el ámbito de las criptomonedas, esto representa la base más sólida para construir un marco regulatorio compatible.
Segunda señal: cambio en la discrecionalidad — de una política de “talla única” a una evaluación más precisa
Si la definición de causas resolvió el problema de “si se puede presentar la demanda”, entonces la lógica de los fallos responde a la cuestión de “cómo juzgar de manera justa”.
En los últimos años, los casos de criptomonedas se han abordado principalmente con una postura de “tolerancia cero”: se ha luchado contra la especulación y el caos en el mercado de monedas virtuales, declarando inválidas las transacciones relacionadas y asumiendo las pérdidas. Esta lógica de “todo o nada” fue clara y directa, pero en disputas complejas, a menudo no lograba garantizar la justicia en cada caso.
Desde 2024, han comenzado a aparecer jurisprudencias más detalladas. Los tribunales, al declarar la invalidez de una transacción, empezaron a citar el artículo 157 del Código Civil, considerando factores como el grado de culpa de ambas partes y su posición en la transacción, para distribuir proporcionalmente la responsabilidad.
En un caso en Yangpu, Shanghái, en 2025, el tribunal aplicó esta idea: una relación de gestión de fondos sin validez, pero la parte demandada aún debe devolver parte del dinero y compensar las pérdidas. La explicación del juez fue clave: — “La invalidez del contrato no elimina automáticamente las pérdidas ya sufridas”, y la compensación debe distribuirse de manera justa bajo principios de equidad.
De una política de “talla única” a una evaluación proporcional, la justicia está dejando atrás la rigidez y avanzando hacia una evaluación más matizada. La mención de “profundizar en el estudio” en esta ocasión del Tribunal Supremo confirma esta tendencia: las disputas sobre criptomonedas están siendo integradas en un marco legal más maduro y detallado.
Tercera señal: cambio en la reparación — un sistema judicial más integral
Si la definición de causas resolvió el problema de si se puede presentar la demanda, y la lógica de los fallos respondió a cómo juzgar de manera justa, entonces la mejora en las vías de reparación apunta a una cuestión más concreta — ¿se puede recuperar el dinero?
En el pasado, la lucha contra delitos relacionados con monedas virtuales se centraba principalmente en acciones penales. En el ámbito penal, la naturaleza patrimonial de las criptomonedas ya había sido parcialmente reconocida. En agosto de 2025, el Tribunal Supremo publicó casos típicos que incluían ejemplos con criptomonedas, señalando que los criminales utilizan blockchain y monedas digitales para transferir y ocultar fondos ilícitos, con técnicas cada vez más profesionales y ocultas, por lo que las autoridades deben penetrar en la superficie y actuar con precisión.
Pero el problema es: la acción penal puede arrestar a las personas, pero no siempre puede recuperar el dinero. Muchos casos terminan con “persona arrestada, dinero perdido y descontento social” — los fondos ilícitos a menudo se malgastan o son difíciles de recuperar, dejando a las víctimas sin reparación.
Este es otro de los mensajes profundos del reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Con la mejora en la respuesta judicial a casos de monedas virtuales y otros nuevos instrumentos financieros, el camino hacia adelante será más diverso: además de la responsabilidad penal, el mecanismo de reparación civil se está convirtiendo en un complemento importante. La idea judicial también está cambiando silenciosamente — de una postura de “solo castigar” a una de “castigar y reparar”.
Para los participantes del mercado, esto significa dos cosas:
- Los canales de reparación son más completos: Los derechos de las partes afectadas y los perjudicados tienen ahora más dimensiones de protección, y ya no tienen que esperar solo a que la justicia penal les devuelva el dinero.
- El costo de la ilegalidad realmente aumenta: La probabilidad de que los infractores puedan aprovecharse de vacíos legales se está reduciendo. Los riesgos están siendo reevaluados por la justicia.
Conclusión
Como dijo un juez del Tribunal de Yangpu en Shanghái: “En el contexto de la continua expansión de riesgos de los activos virtuales, los inversores deben establecer una conciencia de responsabilidad de ‘asumir riesgos y priorizar la conformidad’… La respuesta judicial prudente a las actividades de inversión y financiamiento con criptomonedas ayuda a guiar el regreso a la racionalidad del mercado.”
Esta declaración revela la actitud más importante en la actualidad: para las criptomonedas, la justicia está haciendo tres cosas — reconocer su existencia, afrontar sus disputas y regular sus fallos.
El camino aún es largo, pero la dirección ya está clara. Por supuesto, hay hechos que debemos tener en cuenta con claridad:
- El establecimiento de nuevas causas no equivale a legalizar las transacciones. Poder presentar una demanda no significa protección legal.
- La evaluación más detallada no elimina los riesgos. Juzgar con más precisión no significa que los daños puedan ser reparados automáticamente.
Pero el cambio más importante radica en que, cuando surgen disputas, la puerta del tribunal ya no está cerrada. Quizá esa sea la verdadera esencia del Estado de Derecho: no promover ni tolerar, pero tampoco evitar.
