16 de enero: Estados Unidos dictamina sentencia en un caso de gran fraude relacionado con criptomonedas y lavado de dinero en efectivo. Brian Garry Sewell, de 54 años, ha sido condenado por la corte federal a tres años de prisión por realizar estafas de inversión y operar un negocio de transferencias sin licencia, además de pagar más de 3.8 millones de dólares en indemnizaciones.
Según la fiscalía, Brian Garry Sewell admitió haber cometido un delito de fraude por transferencia electrónica, que causó pérdidas superiores a 2.9 millones de dólares a los inversores. La corte le impuso 36 meses de prisión y una libertad supervisada adicional de 36 meses. Al mismo tiempo, también reconoció en otra acusación haber convertido ilegalmente más de 5.4 millones de dólares en efectivo a criptomonedas para terceros, parte de los fondos relacionados con delitos de estafa y drogas. Las dos condenas se cumplirán simultáneamente, con un total de tres años de cárcel.
La jueza del Tribunal Federal de Estados Unidos, Ann Marie McIff Allen, también dictaminó que Sewell debe pagar un total de 3.822.909 dólares en indemnizaciones, incluyendo la devolución de fondos ilícitos a inversores afectados, instituciones financieras y al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Los documentos de la fiscalía muestran que el esquema de estafa de inversión comenzó en diciembre de 2017 y continuó hasta abril de 2024. Durante ese período, Sewell engañó a al menos 17 personas, falsificando su experiencia en inversiones, formación académica y capacidad de obtener altos rendimientos, para robarles dinero en efectivo y activos en criptomonedas. Robert Bohls, responsable del FBI en Salt Lake City, afirmó que las víctimas no solo sufrieron pérdidas económicas, sino que también enfrentaron impactos en sus familias a largo plazo.
Además, entre marzo y septiembre de 2020, Sewell operó a través de Rockwell Capital Management, una empresa de transferencias sin licencia, realizando intercambios de grandes cantidades de efectivo y criptomonedas para clientes, cobrando tarifas por ello, pero sin cumplir con las obligaciones de registro y reporte contra el lavado de dinero.
Este caso coincide con una tendencia al alza en los delitos relacionados con criptomonedas. Datos de instituciones de análisis de blockchain indican que en 2025, el flujo de fondos hacia direcciones ilícitas de criptomonedas alcanzará niveles récord, resaltando la importancia de la regulación y el cumplimiento en el ámbito de los activos digitales.