14 de enero de 2024: La propuesta de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas, que actualmente está siendo revisada por el Comité de Banca del Senado de EE. UU., podría ampliar significativamente los poderes de supervisión financiera de Estados Unidos en el ámbito de los activos digitales. Galaxy Research señala en su informe más reciente que esta ley otorga al Departamento del Tesoro nuevas autorizaciones para bloquear frontales de finanzas descentralizadas (DeFi) y transacciones, lo que podría convertirse en la mayor expansión de la supervisión financiera desde la Ley Patriota de 2001.
En términos generales, la propuesta establece un mecanismo de “congelación temporal” que permite a las autoridades detener transacciones de activos digitales sin necesidad de una orden judicial, y ofrece un refugio legal para emisores de stablecoins y proveedores de servicios que cooperen de buena fe. Esta medida busca simplificar los procesos de solicitud de regulación, al tiempo que refuerza la auditoría de cumplimiento, aunque también ha generado preocupaciones sobre la protección de la privacidad y la flexibilidad operativa de las empresas.
Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, señala que esta propuesta de ley otorga una autoridad de supervisión financiera más fuerte que la propuesta anterior de la Cámara de Representantes, conocida como la Ley CLARITY, y está diseñada para combatir actividades financieras ilegales. Además, el memorando aclara el concepto de “capa de aplicaciones de registros distribuidos”, exigiendo que el Departamento del Tesoro aclare las responsabilidades en sanciones y lucha contra el lavado de dinero en las frontales que operan en EE. UU., lo que impactará directamente en las obligaciones de cumplimiento de los desarrolladores de DeFi y los proveedores de servicios en cadena.
Expertos del sector señalan que la ley revela un equilibrio entre la transparencia regulatoria y la protección de la privacidad. Rob Viglione, CEO de Horizen Labs, una compañía especializada en pruebas de conocimiento cero, afirma que, con el aumento de las actividades en el ecosistema de Ethereum, las autoridades regulatorias deben encontrar un equilibrio entre la auditoría y la expansión de la supervisión, de lo contrario, las empresas podrían enfrentarse a riesgos reales. Megan Knab, CEO de Franklin, añade que, aunque las stablecoins son consideradas moneda de curso legal a nivel federal, las diferencias en las leyes estatales y las políticas bancarias siguen siendo evidentes, lo que implica que los salarios en cadena y los pagos comerciales aún enfrentan importantes desafíos legales y operativos.
En conjunto, si esta ley finalmente se aprueba, no solo redefinirá el panorama regulatorio de las criptomonedas en EE. UU., sino que también podría tener un impacto profundo en los proyectos DeFi globales, la operación conforme a la normativa de las stablecoins y el comportamiento de los inversores en activos digitales.