En 2026, el estado de Luisiana, EE. UU., aprobó oficialmente una nueva ley que introduce medidas regulatorias más estrictas para abordar el problema frecuente de las estafas con cajeros automáticos de Bitcoin, con un enfoque en proteger a la población de edad avanzada de los fraudes con criptomonedas. Anteriormente, varios residentes mayores habían depositado grandes sumas en Bitcoin tras ser inducidos por estafadores, creyendo erróneamente que así podrían evitar riesgos legales o “congelar sus cuentas”.
Según la nueva ley, todos los cajeros automáticos de Bitcoin deben mostrar claramente una advertencia contra fraudes en la interfaz de operación, indicando explícitamente que ningún organismo gubernamental o banco solicitará pagos en Bitcoin u otras criptomonedas. Cuando los usuarios escaneen un código QR o ingresen una dirección de billetera, el sistema activará automáticamente una advertencia de riesgo, alertando que dicha acción podría estar relacionada con una estafa.
Las autoridades revelaron que los estafadores suelen usar guiones telefónicos predefinidos, haciéndose pasar por funcionarios gubernamentales o empleados bancarios, alegando que la cuenta de la víctima está involucrada en actividades delictivas y amenazando con su arresto si no realizan pagos en criptomonedas de inmediato. Este tipo de “estafa de intimidación” se ha convertido en una de las principales formas de fraude con Bitcoin dirigido a personas mayores.
La nueva regulación también introduce mecanismos clave de control de riesgos: el límite diario de depósitos en cajeros automáticos de Bitcoin se ha establecido en 3000 dólares, y se ha impuesto un período de espera obligatorio de 72 horas. Este período de calma permite a las víctimas verificar la información, consultar con familiares o contactar a las autoridades, ganando tiempo valioso y siendo considerado un método central para frenar transferencias impulsivas.
En el ámbito legal, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha recuperado recientemente más de dólares en activos criptográficos, incluyendo aproximadamente 1.9 BTC y 60,139 USDT, en wallets relacionados con múltiples casos de fraude dirigidos a personas mayores en Luisiana, Texas y Minnesota. La investigación contó con la participación del Departamento de Delitos Cibernéticos del Servicio Secreto de EE. UU. y varias agencias de aplicación de la ley.
El estado de Luisiana afirmó que esta ley no solo responde a los riesgos de los cajeros automáticos de Bitcoin, sino que también envía una señal clara: las criptomonedas no son un territorio fuera del alcance de la ley, y los fraudes financieros dirigidos a personas mayores enfrentan una mayor regulación y acción policial. Esta iniciativa se considera un ejemplo importante en 2026 de cómo EE. UU. fortalece la seguridad en criptomonedas y la protección del consumidor.