La ética regulatoria sigue siendo una preocupación estructural en la supervisión de las criptomonedas, aunque los plazos legislativos inmediatos no la priorizan. Algunos legisladores señalan que se opondrán a la Ley CLARITY a menos que se incorporen salvaguardas específicas en torno a las prácticas comerciales de activos digitales. Aquí está el truco: los asuntos éticos quedan fuera del mandato del Comité de Banca del Senado, por lo que la próxima revisión no abordará directamente estas preocupaciones. Es una brecha de jurisdicción que probablemente resurja como un problema de cumplimiento en el futuro. La cuestión más amplia—cómo alinear los estándares de integridad del mercado con la autoridad legislativa—se pospone a futuras sesiones.