Esta escalada es preocupante. El FBI allana la residencia de un periodista en busca de "documentos clasificados", pero no proporciona detalles sobre qué documentos o informes supuestamente justificaron dicha acción. Aquí está el problema crucial: la Primera Enmienda protege explícitamente a los periodistas que publican material, independientemente de su estado de clasificación. La responsabilidad legal recae en la fuente—la persona que filtró la información—no en el reportero. Cuando las agencias gubernamentales difuminan estas líneas sin transparencia, amenazan fundamentalmente la libertad de prensa y el derecho del público a la información. Esto no es solo una cuestión legal; se trata del equilibrio de poder entre la autoridad estatal y la libertad individual que toda sociedad libre debe defender.