El cumplimiento normativo bajo el Título 1 crea una fricción sustancial para los emisores de tokens. Los creadores enfrentan procedimientos obligatorios de aprobación por parte de la SEC, requisitos prolongados de divulgación que se extienden mucho más allá del lanzamiento, y un límite máximo de $200 millones para la recaudación de fondos minorista. Estas restricciones hacen que el registro tradicional de valores sea cada vez más impráctico para muchos proyectos. La estructuración en el extranjero o las ofertas de acciones emergen como alternativas más viables cuando los desarrolladores sopesan la carga de cumplimiento frente a los desafíos prácticos de ejecución.