Un alto funcionario de la policía recientemente generó debate al sugerir que ciertas actividades de protesta podrían clasificarse bajo las definiciones federales de extremismo doméstico. El argumento se centra en un marco legal sencillo: cuando las manifestaciones implican o amenazan con violencia, combinadas con motivaciones ideológicas subyacentes destinadas a cambiar las operaciones del gobierno, potencialmente cumplen con los criterios legales establecidos. Esto plantea preguntas importantes sobre dónde trazan las autoridades la línea entre la protesta protegida y la actividad prohibida, una distinción que probablemente influirá en cómo las agencias reguladoras enfoquen sus prioridades de cumplimiento en los próximos años.