La publicación de este proyecto de ley bipartidista de 278 páginas sobre la estructura del mercado de criptomonedas, conocido como la Ley CLARITY, ha generado críticas porque podría favorecer a grandes empresas maduras como Coinbase y Circle. Los críticos, incluido el empresario Aaron Day, argumentan que los estrictos requisitos de cumplimiento para monitoreo en tiempo real, registro y custodia implican costos elevados que solo las grandes empresas pueden soportar, consolidando así sus ventajas. La propuesta también introduce reglas que podrían requerir que los desarrolladores de DeFi se registren, lo que desafía la idea de un sector sin permisos y ha suscitado preocupaciones sobre sofocar la innovación y contradecir los principios fundamentales de Bitcoin.