Es sorprendente cómo la presión para evitar que los funcionarios públicos obtengan beneficios a través de intereses comerciales relacionados con las criptomonedas se ha convertido en un punto de fricción que podría descarrilar la legislación sobre la estructura del mercado. La ironía es profunda: las barreras éticas diseñadas para prevenir conflictos de interés se están convirtiendo en obstáculos para los marcos regulatorios. Ya sea intencionado o no, esta dinámica expone la tensión entre los estándares de integridad y el progreso legislativo en el espacio cripto.