Ripple ha presentado una respuesta importante argumentando que las regulaciones de valores se aplican específicamente a los derechos contractuales exigibles en lugar de a la participación económica compartida. La distinción se centra en qué es lo que realmente activa la clasificación regulatoria—una posición legal matizada que desafía cómo ciertos activos digitales han sido tratados históricamente bajo los marcos de valores. Este movimiento se produce en medio de deliberaciones en curso sobre cómo las leyes financieras existentes se aplican a los tokens basados en blockchain y sus características de utilidad.