Según Odaily, el asesor principal de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt, respaldó la Clarity Act como un proyecto de ley “favorable a la regulación y favorable a la aplicación”, refutando las críticas de algunas agencias de aplicación de la ley que sostienen que no logra prevenir los delitos financieros.
La Clarity Act enfrenta múltiples controversias, incluidos los acuerdos de rentabilidad de stablecoins, conflictos de interés derivados de iniciativas cripto relacionadas con Trump y la preocupación de que los estándares contra el lavado de dinero podrían ser insuficientes. La última versión incorpora la Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), que aclara que los desarrolladores no custodios no deberían tratarse como transmisores de dinero. Sin embargo, algunos grupos de aplicación temen que la BRCA pueda debilitar el seguimiento de fondos ilícitos y la recuperación de activos. La senadora Cynthia Lummis advirtió que, si el proyecto no avanza este año, podría no volver a recibir una consideración seria hasta después de 2030.