De acuerdo con el columnista de BusinessMirror John Mangun, la Comisión Europea propuso recientemente la primera prohibición integral de servicios de criptoactivos para terceros países, dirigida a Rusia. La lógica implícita detrás de esta medida—que los países ricos pueden imponer requisitos de cumplimiento transfronterizo sobre cualquier nación que acceda a sus sistemas financieros—tiene implicaciones significativas para economías en desarrollo como Filipinas.
Filipinas depende de las remesas para aproximadamente el 9% del PIB, y los canales de cripto muestran una adopción creciente. Si bien el banco central filipino ha establecido un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales, su autoridad de supervisión está limitada a las fronteras nacionales. El columnista advirtió que si se cortan las conexiones financieras externas por la presión externa, los costos de cumplimiento podrían trasladarse a las familias ordinarias que reciben remesas.