Países Bajos está introduciendo un nuevo impuesto sobre beneficios en papel a partir de 2028, dirigido a los aumentos en los valores de los activos independientemente de si los inversores han realizado esas ganancias. La política ha provocado oposición pública y política como parte de un esfuerzo internacional más amplio para gravar la riqueza.
Detalles de la política
A partir de 2028, los inversores individuales se enfrentarán a un cargo anual del 36% sobre el aumento en el valor de los activos, incluidos acciones, bonos y criptomonedas. Los inversores deben pagar el impuesto por las ganancias no realizadas—es decir, deben impuestos sobre las ganancias incluso si no han vendido los activos o los han convertido en efectivo.
La estructura del impuesto crea escenarios potenciales de dificultades: es posible que se exija a los inversores pagar impuestos sobre ganancias que desde entonces han disminuido o han desaparecido por completo para cuando lleguen las facturas de impuestos. En algunos casos, es posible que los inversores se vean obligados a vender partes de sus carteras para generar efectivo para el pago de impuestos.
Respuesta política y pública
La propuesta ha generado una feroz oposición tanto del sector público como del sector político, posicionando a Países Bajos como otra jurisdicción que persigue gravar la riqueza en medio de un creciente enfoque internacional en gravar a las personas de alto patrimonio.