Su objetivo es establecer un acopio de criptomonedas a nivel estatal para diversificar el tesoro del estado.
El estado mantendría grandes criptomonedas, como Bitcoin y XRP, que fueron incautadas por las fuerzas del orden en lugar de subastarlas.
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Además, permite que el Tesorero coloque hasta el 10% de los fondos públicos del estado en activos digitales y, potencialmente, incluso los preste para generar rendimientos.
En particular, la gobernadora Katie Hobbs vetó una legislación casi idéntica en 2025. Citó preocupaciones financieras y operativas para justificar el rechazo. En mayo de 2025, vetó el proyecto de ley (SB 1025) que permitiría a los fondos de jubilación del estado invertir en cripto.
Hobbs afirmó que los fondos de jubilación de los habitantes de Arizona no deberían estar expuestos a los riesgos asociados con los activos digitales.
En julio de 2025, también vetó el proyecto de ley sobre decomiso de activos digitales (HB 2324) porque exigía que los activos incautados se transfirieran a la reserva estatal. Sostuvo que esto desincentivaría a las policías locales y a los alguaciles de cooperar con agencias estatales.
El gobierno de EE. UU. actualmente mantiene el mayor acopio soberano de Bitcoin conocido en el mundo (aproximadamente 325,000 BTC). El enorme montón de monedas se ha acumulado en gran medida mediante incautaciones de las fuerzas del orden.
En cuanto a reservas a nivel estatal, New Hampshire se convirtió recientemente en el primer estado en aprobar una ley que permite hasta el 5% de ciertos fondos públicos. Texas ya lanzó y sembró activamente su propia Reserva Estratégica de Bitcoin a nivel estatal. Mientras tanto, estados como Florida (a través de SB 1038) y Arizona están avanzando con sus propios proyectos de ley, pero el progreso sigue siendo bastante poco alentador.